La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que el caso del asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así las lesiones graves de al menos 78 ciudadanos que participaron en las marchas de noviembre del 2020, serán vistas por la Corte Penal Nacional.
La decisión fue leída por el juez supremo César San Martín y estableció que debido a la trascendencia del caso, que provocó una movilización nacional por cinco días y propició la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia de la República, siga su curso tras un año de paralización.
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Como se sabe, hay 11 investigados por la represión que hubo en contra de la ciudadanía, que salió a manifestarse en contra de la toma de mando de Merino De Lama. La responsabilidad de los actores políticos que ejercían autoridad en ese momento, Antero Flores-Araoz y Gastón Rodríguez Limo no podrá verse en el Poder Judicial debido a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la demanda debido a la recomendación del informe hecho por Alejandro Cavero (Avanza País).
