La filtración de los audios en los que el presidente de Alianza Para el Progreso, César Acuña, “ordena” a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, que agende el proyecto de ley para la creación del distrito de Alto Trujillo para favorecer su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad, devino en una denuncia por organización criminal y tráfico de influencias contra los apepistas y la posterior indagación de la Fiscalía.
¿Cuál es el escenario al que se enfrentará el líder de APP frente a esta indagación? Conversamos con el abogado penalista Jorge Zúñiga para tener más luces al respecto.
El jurista señaló que, dado a que hay una denuncia de parte -interpuesta por Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, asesores legales del presidente Pedro Castillo- el Ministerio Público está en la obligación de iniciar las investigaciones del caso. Sin embargo, consideró que los audios no evidencian delito que pueda ser sancionado penalmente debido a que no hay un beneficio económico de por medio en la aprobación de la norma de interés de Acuña, quien además, es una persona natural y no un funcionario público.
En ese contexto, explicó que las indagaciones de la Fiscalía podrían descubrir hechos que justifiquen una ampliación de investigación que en principio, deberá durar 60 días y podría ser prorrogado hasta 180 días. En casos complejos se puede prorrogar hasta ocho meses.
LEE | Ministro de Justicia asegura que el Gobierno no considera una “victoria” la censura de Lady Camones
Además, explicó que el delito de organización criminal debe estar “dentro de un catálogo de delitos”, y los hechos que evidencia el audio no se ajustan a este delito, ni al tráfico de influencias, porque no se pretende la intromisión en un proceso administrativo o judicial.
Para que la acusación proceda, la Fiscalía debería demostrar que “la apariencia de que se ha cometido algún delito”. En la opinión de Zúñiga Escalante si se pudiera demostrar que hubo beneficios patrimoniales de por medio con la participación de Camones Soriano, se podría acusar por negociación incompatible.
“En el caso del señor Acuña, él es una persona natural, no un funcionario público, no tiene deberes funcionales que proteger. La única forma en que pudiera cometer un delito es que realice alguna acción y omisión en el marco de alguna obligación legal que tuviera”, consideró.
El abogado estimó que Acuña podría ser pasible de sanción por el Jurado Nacional de Elecciones, ya que su comportamiento podría haber vulnerado la neutralidad electoral.
En el escenario en que César Acuña fuera electo como gobernador de La Libertad y la indagación se prorrogara y encontrara responsabilidad en él meses después de los comicios, podría ser acusado y sancionado judicialmente, ya que estos funcionarios no cuentan con ninguna protección, explicó el penalista.
Por ello, Acuña podría ser destituido y sancionado con hasta con 20 años de prisión por organización criminal y hasta en ocho años por tráfico de influencias.
