Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor cantidad de ataques registrados contra defensores en el mundo. Por cada defensor ambiental asesinado, todos estamos en riesgo de perder nuestras fuentes de agua, nuestra seguridad alimentaria, medios de vida, tierras ancestrales, hogares e incluso nuestras propias vidas.
Esta mañana, los defensores realizaron un plantón y movilización frente al ministerio de Justicia y luego marcharon al ministerio del Interior, debido a que son permanentemente detenidos, estigmatizados y hostigados por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de justicia y la policía por acciones de defensa de sus territorios, el medio ambiente y la vida.
En la reunión con representantes del Ministerio de Justicia lograron los siguientes acuerdos: la revisión de convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas mineras, la reunión sobre el Acuerdo Plenario este lunes 20 de junio y la instalación de una mesa intersectorial para la coordinación e intervención sobre violación de derechos a Defensores.
Los defensores cumplen un rol importante en la lucha contra el cambio climático. Ellos luchan día a día por la defensa del territorio, del medio ambiente y de la vida frente a actividades extractivas, tala ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, etc.
Como Miguel Meza, defensor de Arequipa, quien desde hace años protesta contra la realización del proyecto minero Tía María y por esa razón ha sufrido amenazas contra su vida. Otro caso es el de la defensora de Cajamarca, Juana Martínez, quien ha sido amenazada ante la expansión de la minera XMLs, la cual extrae metal en la zona de Choropampa y genera contaminación que afecta a las comunidades aledañas.
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Frente a la situación de vulneración que viven los defensores, la Campaña Nacional Permanente de defensores y defensoras del Perú, impulsada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la llegada de más de 120 defensores de derechos humanos y del ambiente de más de 20 regiones del país a la ciudad de Lima, quienes han participado del 15 al 17 de junio en el Encuentro Nacional de Defensores y en acciones de incidencia para exigir un alto a la violencia extrema que sufren en sus regiones por proteger la tierra, el agua y la vida.
El encuentro logró reunir a defensores de Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno, Ica, Moquegua, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Áncash, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Junín, Pasco, Ayacucho y Lima. Este espacio tuvo como objetivo: (1) analizar y conocer la situación actual de los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú tomando en cuenta los diagnósticos macro regionales realizados en talleres anteriores, (2) conocer y evaluar los avances en la implementación de las políticas públicas de protección de las y los defensores de DDHA en el Perú, (3) elaborar una agenda conjunta entre las y los defensores de DDHA (Costa, Amazonía, Sur y Centro) del país para desarrollar acciones de incidencia, (4) promover acuerdos sobre la implementación de modelos de autoprotección para las y los defensores en situación de mayor riesgo y generar redes de apoyo y solidaridad a nivel nacional.
Además, el encuentro nacional generó un espacio de autoformación, organización y reflexión para exigirle al Estado que garantice acciones que pongan alto a la violencia contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la primera línea en la protección de los recursos naturales de todos los peruanos.
El encuentro contó con la participación de representantes de organismos internacionales que dieron su apoyo a los defensores y a la lucha que realizan para proteger el medio ambiente.
Exigen implementación de mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras
En una de sus conclusiones, piden al Gobierno implementar de manera urgente y con presupuesto suficiente el Mecanismo Intersectorialpara la protección de defensores aprobado hace un año por el Ejecutivo y garantizar efectivamente la seguridad de personas defensoras de derechos humanos y de la tierra. Al mismo tiempo piden al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazúque obliga a los Estados a garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
También piden al Poder Judicial que se avance en un Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia que establezca pautas que prevengan y eviten la criminalización de la protesta y la persecución judicial a los defensores y defensoras.
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