Hace un mes el Ejecutivo promulgó la tan esperada Ley de ollas comunes, pero parecen haber quedado en el papel porque hasta la fecha el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que lidera la vicepresidenta Dina Boluarte, no ha reglamentado dicha ley.
La presidenta de las Ollas Comunes del Perú, Irene Chávez, señala que el 18 de mayo fueron citadas por el Midis pero la cita después fue cancelada. Este lunes 30 de mayo volverán a presentar un oficio para solicitar una fecha de reunión.
A las dirigentas de las ollas comunes les urge conocer cuánto será el presupuesto que se les designe para poder seguir funcionando. Además, piden que el dinero vaya directamente a las madres y que no sea distribuido a través de las municipalidades. “La mayoría de municipalidades ha politizado el programa Qali Warma”, afirma Irene Chávez a CARETAS y agrega: “Los alimentos han sido entregados solo a la gente que los apoya a ellos”.
La cancelación de la reunión a la cual fueron invitadas no es el único desaire que han recibido. Hace dos meses, el 30 de marzo, tuvieron una reunión con el presidente Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno donde aseguraron: “No queremos bonos ni limosnas, queremos dignidad”. A raíz de ese encuentro se organizó una mesa de trabajo la cual también es integrada por los ministros. A pesar de eso, esto también parece solo haber quedado en el papel pues no han vuelto las dirigentas de las ollas comunes no ha vuelto a ser convocadas.
Con la reactivación económica más ciudadanos volvieron a trabajar, pero con el alza de precios de los alimentos muchas familias se han visto obligados a recurrir a las ollas comunes para poder alimentarse. Chávez asegura que en el mes de mayo han aparecido más grupos vecinales que no tienen recursos para poder alimentar a sus familias. Según los registros oficiales a nivel nacional hay más de 3 500 ollas comunes, de las cuales 2 442 están en Lima y hay varias nuevas organizaciones que están en trámite.
Este viernes, el viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, dijo que la Ley 31458 estaría reglamentada antes del 9 de junio. Reconoció que algunas municipalidades demoran en entregar los alimentos, por eso se evalúa entregar tarjetas alimentarias.
Por su parte, Irene Chávez considera que esta disposición obligaría a las madres acudir a centros comerciales donde el precio es más elevado, pues día a día estas mujeres acuden a los mercados en búsqueda de los alimentos más baratos.
Una hambruna mundial es inminente, pero las madres de las ollas comunes han apostado por crear biohuertos y sembrar alimentos a través de hidroponía, con el asesoramiento del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Asimismo se les ha capacitado en la crianza de aves para paliar los altos costos de los alimentos.
