El reciente conflicto minero en Ayacucho nuevamente ha puesto en el tapete cómo gestionamos nuestros recursos naturales, con una terrible polarización entre comunidades y minería.
El Gobierno cogió el toro por las astas, aunque mal cogido. Rápidamente entonces las empresas reclamaron que se vulneró la seguridad jurídica de las inversiones cuando no se respetaron las autorizaciones y procedimientos formales, al señalarse que no continuarían las operaciones del plan de cierre de minas. Todo un virulento escándalo que siempre debería apreciarse cuando se vulnere el Estado de Derecho y no solo cuando más conviene.
Lo que ha pasado ahora es una convulsión social en Ayacucho -la que se minimiza por los medios de comunicación limeños-, en la cual el Gobierno ha tratado de solucionar el problema, pero eso no se condice con el marco administrativo en el que el administrado, en este caso el inversionista minero, tiene derechos para protegerse de cualquier abuso de la administración, incluso cualquier anuncio público que intentase dejar sin efecto sus actividades sin una debida motivación y sin respetar el principio de legalidad.
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Es una situación complicada para todas las partes, especialmente deslegitimadas por malas prácticas de operaciones mineras que han derivado en diez años de conflictos, inapropiados comportamientos de daño de la propiedad privada, desconfianzas por la contaminación de metales pesados en la zona e históricas ausencias estatales.
Sin embargo, hay otra arista de esta problemática, pues las comunidades reclaman que estas operaciones afectan las cabeceras de cuenca que proveen agua a dicha región. Las cabeceras de cuenca como concepto deben ser uno de los aportes peruanos más destacados para proteger los recursos hídricos.
No obstante, pese a que a nivel nacional el mayor consumo se debe al uso agrario, el uso del agua por la minería es el que ha traído mayores conflictos socioambientales.
Frente a los años de presiones de una mala gestión del recurso hídrico y de solucionar la tensión entre derechos por el uso del agua, el Legislativo modificó la Ley de Recursos Hídricos con la Ley N° 30640, señalando la capacidad del Ejecutivo de proteger las cabeceras de cuenca como zonas intangibles en las que no se otorgaría ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua.
Para ello, la Autoridad Nacional del Agua, con la opinión del Ministerio del Ambiente, deberá desarrollar un marco metodológico para los criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca de las vertientes hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca, los cuales fueron aprobados a fines del Gobierno pasado para identificar las cabeceras de cuenca (Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI de 09.07.21) e iniciar un análisis que nos indique cuáles serían las cabeceras protegidas de las 159 unidades hidrográficas existentes; sin embargo, hoy por hoy, no hay posibilidad de prohibir las actividades mineras por razones de protección del recurso hídrico. Por eso, si quisiéramos evitar un conflicto socioambiental, tendríamos que llegar a arreglos para cada caso.
El Gobierno se acercó al tema de los conflictos entre minería y población en Ayacucho y terminó casi linchado mediáticamente. Quizás la aproximación fue incorrecta y hasta usada políticamente por el sector empresarial más conservador.
Pero si realmente se quiere solucionar este tema, se debe dejar de ser solo un bombero y pasar a ser un buen administrador del bien común. Avizoramos que tiene tres años para asumir un gran desafío: el Ejecutivo debe determinar las cabeceras de cuenca, zonificarlas y señalar cuáles serían intangibles según su vulnerabilidad e importancia climática, hídrica y ecológica.
Lastimosamente, estos criterios se definen en función a la abundancia del recurso hídrico y no recogen la perspectiva o dimensión social de la importancia o vulnerabilidad de las cabeceras de cuenca.
Es decir, existe una deficiencia en esta norma, pues no se incluye en las variables el carácter social, pues una cabecera de cuenca puede no tener abundante recurso hídrico y no por ello dejar de ser vulnerable, por el contrario, podría ser más vulnerable, si alrededor de esta se ejercen actividades de agricultura o hay comunidades que dependen de ese recurso hídrico para sostener sus actividades.
Si realmente se quiere llegar a conservar las cabeceras de cuenca o declararlas intangibles, el análisis que dispone el Decreto Supremo N° 014-2021-MIDAGRI deberá realizarse, aunque transcurrirá un larguísimo proceso que aún no se ha iniciado.
Si se quiere reactivar la economía dando seguridad al inversionista, protegiendo las cabeceras de cuenca y los derechos de las comunidades, la mejor labor que se puede hacer desde la perspectiva ambiental es concluir el trabajo técnico que nuestros antecesores nos han dejado.
